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Las ONG reclaman apoyo para llegar a más de 13 millones de personas en riesgo de exclusión

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Cuando se cumple un año de la promulgación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, una norma pionera que reconoce la labor de 30.000 entidades, las organizaciones sociales reclamaron este lunes la puesta en marcha del programa de impulso a las entidades del Tercer Sector de Acción Social que debía haberse puesto en marcha en el primer año de la Ley, y que permitiría ampliar su capacidad de acción.

Este programa debía haber contemplado medidas concretas como el desarrollo de planes específicos de promoción, difusión y formación para el sector y de apoyo al voluntariado; o el establecimiento de los cauces de cooperación con los servicios públicos y la financiación pública y a través de entidades de crédito oficial de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

Luis Cayo Pérez Bueno, vicepresidente de impulso normativo e incidencia política de la Plataforma del Tercer Sector, afirmó al respecto que es necesario “superar el parón político en que nos vemos inmersos desde principios de año, para hacer posible el despliegue efectivo de una Ley y el fomento de un sector cada día más necesario, ya que los efectos de la pobreza y la exclusión se siguen intensificando y quienes experimentan de forma más virulenta las consecuencias de la inmovilidad política y de la paralización institucional y administrativa son siempre las personas más vulnerables”. Para ello, prosiguió, “es imprescindible contar con un actor crucial en materia social como es el Tercer Sector, que atiende actualmente a siete millones de personas y, que si contase con un respaldo normativo y financiero suficiente, seguro podría ampliar su capacidad para generar cambio social, transformar el entorno y contribuir a la extender los bienes sociales entre los más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país”.

La aprobación de la Ley el pasado año “supuso un logro para el sector social, y ha traído ya consigo efectos beneficiosos como una mayor actividad territorial para el impulso de normativas autonómicas”. Aún con esto, prosiguió Pérez Bueno, “una consecución con esta potencialidad que ha supuesto la creación de un marco normativo para un conjunto de entidades tan amplio que llevaban décadas trabajando en favor del desarrollo humano de nuestra sociedad no puede quedar en letra muerta, y su no desarrollo es condenarla a morir sin haber vivido”.

Las entidades del tercer sector, señaló, son “colaboradoras críticas y exigentes, que no sustitutas” de la labor del Estado, de todos los poderes públicos, en materia de derechos sociales y de garantía social, y es por ello que necesitan de un apoyo firme de parte del Gobierno para cumplir su misión. “La lucha contra la pobreza, la reversión de sus efectos, y la realización de una sociedad igualitaria e inclusiva, abierta y respetuosa de la diversidad, debe ser asumido con convicción y voluntad transformadora por el próximo Gobierno”, concluyó. 

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