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El Tercer Sector urge a PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos a reformar la Constitución para que los derechos sociales estén en "primera división"

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El presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, manifestó este miércoles la necesidad de reformar la Constitución Española, porque “los derechos sociales no están reconocidos como fundamentales”, y a su juicio deben estar en “primera división” y no “en segunda”.

Así lo puso  de manifiesto Luciano Poyato durante el ‘Cara a Cara Políticas de Inclusión Social para el Desarrollo’, que se celebró este miércoles en el Salón de Actos de Fundación ONCE, y que fue inaugurado por Teresa Palahí, secretaria general de dicha entidad. EL encuentro reunió a personas del Tercer Sector y del ámbito político a fin de analizar las principales necesidades sociales.

El presidente de la PTS subrayó también la importancia de que se desarrolle urgentemente la Ley del Tercer Sector de Acción Social, de forma que se mejore la interlocución con el entorno empresarial y con las administraciones públicas. “Es cierto que en la transición no estábamos articulados como Tercer Sector, pero ahora sí. SI no fuera por nosotros la gente en riesgo de exclusión estaría en peores circunstancias”, añadió.

Por su parte, Estrella Rodríguez, directora de Estudios e Innovación de Cruz Roja Española y presidenta de la Plataforma de ONG de Acción social, ahondó en esta idea precisando que “queremos ser un interlocutor social reconocido en mayúsculas, con peso en las negociaciones”. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de acordar un modelo de financiación sostenible  para el sector.

Además, Rodríguez alertó de que la tasa de pobreza infantil de las personas que atienden en Cruz Roja es del 92%, el 51% está en situación de pobreza severa y el 82% de quienes encuentran empleo no consiguen salir del contexto de exclusión en el que se encontraban, “son trabajadores pobres, porque aunque tienen empleo, no pueden asumir sus gastos”. Además, advirtió de la “baja o nula” intensidad del empleo en los hogares, puesto que el 63% de las personas llevan más de dos años en paro.

En este sentido, Carlos Susías, presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social insistió en que detrás de las cifras hay personas “que no es que no lleguen a final de mes, sino que no llegan al final del día”. Asimismo, recordó que “antes de la crisis también había pobreza y exclusión, porque esta no es una situación coyuntural”.

Para Susías, “el empleo es la principal estrategia de inclusión social”, si bien señaló que para que esto sea efectivo, es preciso que las condiciones de trabajo sean dignas. Por ello, pidió a los partidos políticos que mejoren el salario mínimo, para evitar  que haya siete millones de trabajadores pobres en España. Además, reclamó un pacto de estado contra la pobreza y la exclusión en la próxima legislatura.

En esta línea, Concha Díaz, presidenta de la Confederación Nacional de personas Sordas (CNSE), reivindicó la necesidad de que se alcance un pacto de estado contra “todas las violencias machistas”. Asimismo, puso de relieve el trabajo de las organizaciones del Tercer Sector. “Hemos demostrado que somos entidades proactivas, y el objetivo que perseguimos es construir un país más justo, donde compartamos los mismos derechos”, agregó Díaz.

 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

En representación del ámbito político intervino en primer lugar Francisco Igea, portavoz  de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, quien se refirió al contexto político actual manifestando que “es duro enfrentarse a una campaña electoral con esta sensación de fracaso, y es más duro todavía cuando uno ve la realidad del país, cuando uno ve el enorme trabajo que hace la gente del Tercer sector para atender las necesidades de los más vulnerables. No sería honesto dirigirme a ustedes sin reconocerlo”.

Además, mostró la disposición de la formación naranja a reformar la Constitución, y aseguró que el crecimiento del empleo no ha solucionado el problema de la desigualdad, porque “tenemos un empleo muy precario con muy bajas cotizaciones y siete millones de personas que trabajan en riesgo de exclusión”.

Mientras, Pablo Padilla, diputado de Podemos en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, comentó que “hay que blindar los derechos sociales, hay que hacer una fiscalidad más progresiva”. También se mostró favorable a alcanzar un pacto  de estado en materia de dependencia “para que todo el peso no recaiga siempre sobre las familias” teniendo como referencia el modelo danés.

“Desde podemos entendemos que el tercer sector tiene un papel crucial, no sólo porque durante la crisis ha tenido que multiplicar su atención, sino que tienen una labor crucial en el diseño de las políticas públicas”, agregó Padilla.

Por otro lado, Luisa Carcedo, secretaria de Bienestar Social del PSOE, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la evaluación de las políticas públicas que se ponen en marcha, y recordó que su partido  derogará la reforma laboral “para acabar con los empleos precarios”.

Del mismo modo, Carcedo manifestó el compromiso de su partido para incluir los derechos sociales como fundamentales, la aprobación de un sistema de rentas mínimas para quienes no tienen ningún tipo de ingreso, y el fortalecimiento del Tercer Sector, de modo que  se le tenga en cuenta en los ámbitos de decisión de las políticas públicas sociales.

Por último, Gonzalo Robles, secretario de Participación Social del PP, denunció que la pobreza aumentó en mayor medida de 2007 a 2001, y explicó que lo fundamental es que “el crecimiento actual se traduzca en mayor igualdad”. Además, sobre las críticas por los ajustes presupuestarios que le dirigieron representantes de las otras formaciones políticas, Robles comentó que “los poderes públicos no han abandonado, sino que han tenido que ajustar el gasto” a consecuencia de la reducción de ingresos durante los últimos ejercicios.

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