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La Plataforma del Tercer Sector advierte sobre la Ley de Seguridad Ciudadana

Considera que supone un gran retroceso para los derechos civiles y sociales

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La Plataforma del Tercer Sector (PTS) quiere hacer llegar a toda la sociedad nuestra profunda preocupación por el texto final que ha sido aprobado en el día de ayer por el Congreso, con el único respaldo del Grupo Parlamentario Popular y con los votos en contra del resto de formaciones políticas. En especial, se hace un llamamiento al Senado, Cámara en la que la futura ley seguirá ahora su correspondiente tramitación, para que atienda a las peticiones de la PTS, que recogen las reflexiones de todo el sector de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del Estado.

El texto aprobado en el Congreso sólo recoge 52 enmiendas de tipo técnico de las 260 enmiendas presentadas al proyecto durante su tramitación en la Comisión de Interior del Congreso, haciendo caso omiso a las propuestas que las entidades sociales, los partidos políticos, plataformas ciudadanas, juristas y organismos internacionales (tanto europeos como de Naciones Unidas) han estado planteando en los últimos meses.

Como manifestó la Plataforma del Tercer Sector en su día, esta reforma no es necesaria y no refleja las prioridades y preocupaciones que hoy tenemos en la sociedad, pues entre otras cosas, dificulta enormemente el objetivo principal que ha de tener una Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana: garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de las ciudadanas y ciudadanos.

Además, la PTS expresa su consternación por un texto final que no ha tomado en cuenta las aportaciones de mayor calado que desde el tercer sector de acción social se han hecho en estas últimas semanas ante todos los Grupos Parlamentarios. El Congreso ha adoptado un texto legal que ha dejado fuera propuestas que se centraban en garantizar los derechos de TODAS las personas, en especial de las más vulnerables y excluidas, entre otras:

  • No incluyendo la prohibición expresa de llevar a cabo posibles identificaciones causadas por perfiles raciales o étnicos, dado que conllevan un acto de discriminación directa (Directiva 2000/43/CE)
  • Modificando la redacción actual sobre registro domiciliario, eliminando garantías muy básicas.
  • No garantizando las medidas de accesibilidad necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad
  • Castigando con sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000 euros, especialmente a las personas por su situación de vulnerabilidad: como sucede con el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle y la situación de sinhogarismo.
  • Limitando la posibilidad de evitar la sanción por consumo y tenencia de drogas a cambio de sometimiento a tratamiento sólo a menores de edad

La PTS muestra su rechazo frontal al mantenimiento de la Disposición sobre expulsiones sumarias, introducida a última hora en el texto del Proyecto y repudiada por decenas de entidades sociales, operadores y agentes jurídicos, resto de Grupos Parlamentarios, autoridades de la Unión Europea  y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se trata de una disposición que lesiona derechos humanos e intenta dar una cobertura legal a una práctica ilegal que se viene constatando desde hace tiempo y que no aporta soluciones a la realidad que viven cientos de personas migrantes que abandonan sus países de origen y llegan a nuestras fronteras de Ceuta y Melilla llenas de sufrimiento.

Ante todo ello, solicitamos al Gobierno y a nuestros senadores y senadoras que incluyan las propuestas que nuevamente reitera la PTS, con el convencimiento de que, las personas más vulnerables y que más sufren tienen que ver y tener sus derechos humanos protegidos y garantizados de manera efectiva.

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