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- PVE

ONG suscriben un manifiesto común en defensa de la Sanidad Universal

Más de 60 organizaciones sociales piden medidas urgentes para garantizar el acceso a la sanidad de todas las personas.

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MANIFIESTO CONTRA LA EXCLUSIÓN SANITARIA, EN DEFENSA DE LA SANIDAD UNIVERSAL

Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del RDL 16/2012, sesenta y una
organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, denuncian los
impactos del mismo y el incumplimiento por parte del Gobierno Español de la legislación
internacional de derechos humanos.
En Abril de 2012 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de
sus prestaciones (en adelante RDL). Con este RDL la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho
de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de
asegurado. Además se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa
para las personas. Dos años después el balance no puede ser más negativo:
- Tras la aplicación del RDL, al menos 873000 personas en España perdieron el derecho a la
asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Hablamos de una población
especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay
que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene
contribuyendo a su financiación mediante los impuestos.
-La diferente aplicación del RDL por las Comunidades Autónomas (CCAA) y la disparidad de
criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios ha deteriorado
aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la
atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.
-Incluso en aquellos supuestos en los que el RDL reconoce el derecho a la atención
(embarazadas, menores, atención de urgencias…) se han originado numerosos casos de
desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos
incumplimientos.
-El desplazar la atención a las urgencias (si ésta se logra) genera retraso diagnóstico y
agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su
atención. Estudios en otros países han demostrado que medidas de exclusión sanitaria
similares han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que costaría con una atención
inclusiva. -La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en
urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto
disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la
salud y la vida de las personas, tal como organizaciones medicas han evidenciado en los
fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en
Toledo.
- A pesar de que algunas CCAA emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria para
toda la población en los supuestos de salud pública, el citado RDL sienta las bases para que se
produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades
tanto transmisibles como no transmisibles. Las dificultades de acceso de sectores de población
a las medidas propuestas para evitar la aparición de nuevos casos y/o el control de brotes
epidémicos (vacunación, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o
tratamiento), tiene repercusiones no sólo en el ámbito individual sino también en la salud
colectiva.
- En un contexto de incremento de la desigualdad económica (en los cuatro años iniciales de
la crisis, la desigualdad en los ingresos creció en la misma medida que se había logrado reducir
en los veintidós años previos) el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y
medicamentos, y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables, provocados por la
promulgación del RDL, ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud,
como empieza a demostrarse en algunas CCAA. Está demostrado que el incremento en la
desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los
medicamentos y un incremento general del sufrimiento.
- Resulta preocupante el posible impacto de género del RDL, dados los crecientes obstáculos
que están encontrando las mujeres migrantes a quienes se les ha retirado la tarjeta sanitaria,
lo que dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia
en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el
acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la
mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. De igual manera, conviene
recordar que son las mujeres el colectivo mayoritariamente afectado por la desigualdad
económica.-Varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han subrayado que esta
reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Han dirigido
numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la
atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situación
administrativa. Asimismo, le han pedido que evalúe el impacto de la reforma sanitaria en
términos de derechos humanos, y le han recordado que las normas de derechos humanos no
pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido
ninguna de estas recomendaciones.
-Por su parte, el Tribunal Constitucional en dos autos afirma que “el derecho a la salud y el
derecho a la integridad física de las personas afectadas…, así como la conveniencia de evitar
riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco
constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual
ahorro económico que no ha podido ser concretado”. Efectivamente, antes de implantar el RDL
no se analizó ni comunicó con claridad el ahorro que iba a suponer y hasta la fecha no se ha
publicado ningún cálculo al respecto.
Ante esta situación instamos al Gobierno de España a derogar el RDL 16/2012, y elaborar una
nueva Ley de Sanidad:
 Que nazca de un amplio consenso con las diversas fuerzas políticas, organizaciones
sociales y sociedades científicas
 Que establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de
calidad, y sostenible sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente.
 Que garantice el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la
Constitución Española, y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud:
completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de
enfermedad, como marco de las políticas, planes y estrategias de salud y base del
modelo integrador bio-psico-social de atención a la persona enferma, derecho
también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales ratificado por España.
Madrid 30 de Septiembre de 2014ACATHI (Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals --- AFEM (Asociación de
Facultativos Especialistas de Madrid.) --- Alianza por la solidaridad. --- AMaSaP (Asociación
Madrileña de Salud Pública.) --- Amnistía Internacional.--- APDHA (Asociación pro Derechos
Humanos de Andalucía).--- Apoyo Positivo.--- Asociación Cultural Candela --- Asociación de
Ayuda contra la Drogadicción "SILDAVIA" --- Asociación de Usuarios de la Sanidad Región de
Murcia.--- AEDIDH (Asociación Española para el derecho internacional de los derechos
humanos) --- Asociación Patim.--- Asociación Salud y Familia. ---ASTI (Asociación de
Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes) --- Attac España --- Bolo-Bolo Castilla-La
Mancha. --- Cáritas Española.--- CALCSICOVA --- CEAR (Comisión Española de Ayuda al
Refugiado).--- Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos --- CESIDA. --- COGAM. -
-- Colectivo Feminista Las Tejedoras. --- Comisión General de Justicia y Paz. --- Comissió
Catalana d'Ajuda al Refugiat --- Comité Ciudadano Antisida de Salamanca. --- EAPN España --
- EASP (Escuela Andaluza de Salud Pública). --- Echeverria Abogados.--- Farmacéuticos Mundi.
--- FAUDAS (Federación Estatal de Asociaciones de Personas Afectadas por las Drogas y el VIH)
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español --- Federación de
asociaciones para la defensa de la sanidad pública. --- Federación Trabajando en Positivo. ---
FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales). --- Foro Galego de
inmigración. --- FPFE (Federación de Planificación Familiar Estatal). --- Fundación 26 de
Diciembre --- Fundació Migra Studium - Servei Jesuita a Migrants. --- Fundación ACOBE. ---
Fundación Atenea. --- Fundación Bachue. --- Fundación Lucia --- HOAC (Hermandad obrera de
Accion Católica). --- INCIDE (Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación). --- JEC (Juventud
Estudiante Católica). --- JOC (Juventud Obrera Cristiana).--- Médicos del Mundo. --- Médicos
Mundi. --- MPDL (Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad). --- POAS (Plataforma de
Organizaciones de Accion Social). --- Plataforma en Defensa Sanidad Pública del Sureste de
Madrid. --- Proyecto Esperanza-Adoratrices. --- PTS (Plataforma del Tercer Sector). --- Red
Acoge. --- Salud por Derecho. --- SARE (Prevención y apoyo a personas que viven con vih de
Pamplona). --- SEMFyC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria). --- SESPAS
(Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.) --- Taula d'entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya --- UNAD

 

Para adherirse al Manifiesto: https://es.surveymonkey.com/r/EXCLUSION-SANITARIA

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