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La Plataforma del Tercer Sector se reúne con el candidato Martin Schulz en Málaga

Demandan al Parlamento Europeo que asuma como prioridad la reducción de la pobreza y la integración social de los grupos en riesgo de exclusión

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La Plataforma Tercer Sector se reunió el domingo 11 en Málaga con el candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea, Martin Schulz, para trasladarle sus propuestas de cara a las próximas elecciones europeas.

Schulz ha asistido a la sede de la ONCE en Málaga acompañado por la secretaria de política social del PSOE, Trinidad Jiménez, y Soledad Cabezón, número tres de la candidatura del Partido Socialista a las elecciones europeas.

Por parte de la Plataforma del Tercer Sector, han asistido al encuentro Carlos Susías, presidente de EAPN-ES (European Anti Poverty Network) y vicepresidente para Políticas Sociales de la Plataforma; Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y vicepresidente para el Diálogo Civil y el Impulso Normativo; Manuel Sánchez, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía y vicepresidente de la Plataforma Estatal; acompañados por Ventura Pazos, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía y Cristóbal Martínez Fernández, director de la ONCE Málaga.

Los representantes de la Plataforma han trasladado al candidato socialista su decálogo de propuestas ante las próximas elecciones europeas. Entre ellas, se recoge como primer punto que el Parlamento Europeo asuma, “como política transversal y como prioridad”, el objetivo de reducción de la pobreza, la integración social y laboral de los grupos en riesgo de exclusión (incluidas las personas con discapacidad) y que las políticas económicas no generen pobreza y más desigualdad.

Además, solicita que se establezca una comisión del Parlamento Europeo que haga transversal y compruebe las propuestas de legislación europea, “para que respondan a dichos objetivos de reducción de la pobreza, y que no admita acciones que pudieran poner en peligro los derechos fundamentales”.

Asimismo, pide que se revisen y amplíen las directivas contra la Discriminación de 2000 y 2001 y “se implementen de manera efectiva y transversal a todas las políticas de la UE las Convenciones de las Naciones Unidas en este ámbito”, en particular la referida a los Derechos de las Personas con Discapacidad. A estos efectos, solicita que “se adopte de una vez por todas un Acta Europea de Accesibilidad ambiciosa, que abarque el diseño para todas las personas y la accesibilidad del entorno construido, los bienes y los servicios.”

La Plataforma demanda que la Recomendación sobre Inclusión Activa se materialice en directivas vinculantes para los Estados miembro y considera especialmente necesaria una Directiva sobre Rentas Mínimas que permitan un nivel de vida digno.

En esta línea, demanda la aprobación de una directiva que establezca prestaciones económicas por hijo/a menor de edad, de carácter universal, en todos los Estados miembro, a fin de reducir la pobreza infantil, así como una Directiva sobre imposición a las transacciones financieras en la Unión Europea, cuyos ingresos reviertan en una dotación de fondos para favorecer la cohesión social y cumplir con la meta de reducción de la pobreza de la EU2020.

También pide que el Parlamento Europeo “se aboque a la lucha contra la pobreza energética, estableciendo mecanismos de control para que las empresas operadoras de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, telefonía) no apliquen tarifas que impidan el acceso a las familias con bajos ingresos”.

La Plataforma considera necesario que se reconozcan los servicios sociales y sanitarios de interés general como una de las principales características del modelo social europeo y que se asegure su financiación, dentro del Semestre Europeo. Para ello, señala como prioritaria la adopción de los estatutos de la fundación, asociación y mutualidad europeas para que el Tercer Sector pueda continuar operando en igualdad de condiciones con otros actores económicos.

Entre sus propuestas, también exige que el Parlamento Europeo mantenga un audiencia con las personas en riesgo de exclusión, al menos una vez al año, y establezca una agenda de trabajo compartida. Además, solicita que tanto el Parlamento como la Comisión establezcan mecanismos de publicidad y de rendición de cuentas sobre la legislación europea, “de forma que no sea posible adoptar decisiones que afectan a toda la población europea, sin haber explicado de manera pública y clara el alcance de las medidas a adoptar”.

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