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FEAPS valora como un paso positivo del Gobierno la consolidación de la gestión de los programas de interés social

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El día 28 de junio se aprobó el Real Decreto -ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación por el que se determinan los ejes prioritarios de actuación a los que se destinará la asignación tributaria del IRPF y se crea la nueva categoría de entidades colaboradoras. FEAPS valora positivamente la decisión del Gobierno de introducir una mayor coherencia y operatividad en la gestión de los programas de interés social financiados con el porcentaje de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A partir de ahora los fines a los que se destina quedan encuadrados en  unos ejes prioritarios de actuación sobre los que se instrumentarán los programas a desarrollar. Estos son: atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria,  atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral, fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia, protección del medio ambiente y  cooperación al desarrollo. Además, este Real Decreto-Ley reconoce jurídicamente el papel esencial que las  organizaciones sin ánimo de lucro tenemos a la hora de dar respuesta a las necesidades cada vez más acuciantes de la sociedad, a través de la creación una nueva categoría que nos reconoce como colaboradoras en la ejecución de políticas públicas.  Con ello esperamos quede garantizada la vía de canalización de los fondos públicos imprescindibles para que podamos cumplir y desarrollar nuestros fines. FEAPS quiere destacar que esta fórmula ayudará a llegar de manera más eficiente a las personas en riesgo de exclusión social, a través de las redes solidarias, que ya existen en todo el Estado, como la de nuestra organización. Como ya ha señalado el CERMI, el Comité Estatal de Personas con Discapacidad, del que FEAPS es miembro, “esta medida puede ser muy positiva, pues ayudará a consolidar en estos momentos de tanta precariedad las actividades que despliegan las organizaciones cívicas y voluntarias a favor de los derechos, la inclusión y el bienestar de la ciudadanía y en especial de los grupos más vulnerables”. Con esta fórmula, que el Gobierno está ultimando en diálogo con la representación del Tercer Sector, se proporciona a las entidades sociales un mejor y más sólido marco legal, institucional y de sostenibilidad económica, que permitirá atender mejor la creciente e incesante demanda de apoyos que reciben las organizaciones solidarias en esta época de aguda crisis.

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