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España debe cumplir con sus compromisos en materia de trata de seres humanos

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El pasado 15 de abril se hizo público el primer informe de Eurostat (oficina estadística de la UE) sobre el fenómeno de la trata de seres humanos con fines de explotación. Por primera vez se recogen estadísticas sobre esta realidad en el ámbito de la UE, con datos relativos al periodo 2008-2010. El informe señala que durante este tiempo fueron identificadas al menos 23.600 víctimas de trata, de las cuales el 68% eran mujeres y el 15% eran menores de edad. Un 61% de ellas eran originarias de algún país europeo, principalmente de Bulgaria y Rumanía. El estudio de Eurostat muestra cómo España es uno de los principales países de destino de las víctimas de trata dentro de la UE, constituyendo uno de los Estados en los que más víctimas de trata fueron identificadas durante ese pe riodo (2.048 víctimas según Eurostat). Desde Accem reconocemos y aplaudimos los importantes avances que se han realizado en España en los últimos años en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pero consideramos esencial desarrollar mayores esfuerzos para abordar la trata de una manera integral. Para que la lucha contra la trata de seres humanos sea efectiva y para brindar una protección y asistencia adecuadas a todas las víctimas, es necesario enfrentarse a esta forma de esclavitud moderna en todas sus manifestaciones. Con esta perspectiva, desde Accem llamamos al Gobierno español a: — Transponer la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de sus víctimas, a través de una ley que aborde de manera integral el fenómeno de la trata desde un enfoque de derechos humanos centrado en las necesidades de protección y asistencia de las víctimas. El plazo de los Estados miembros para hacer efectiva la transposición de esta Directiva a las legislaciones nacionales terminó el pasado 6 de abril, sin que España lo haya hecho todavía. — Adoptar un Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos en toda su extensión, convirtiendo este fenómeno en una prioridad política en la agenda estatal de defensa de los derechos humanos. — Garantizar una dotación presupuestaria que permita la existencia de recursos adecuados, así como una asistencia individualizada y especializada a todas las víctimas de trata –hombres, mujeres, niños y niñas– para cualquier forma de explotación.

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