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El Gobierno español debe garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos de Malí que se encuentren en nuestro país

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Desde Accem queremos expresar nuestra preocupación por la situación de violencia que se está viviendo en Malí y sus consecuencias para la población civil, así como llamar al Gobierno de España a que mantenga las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos originarios de Malí que se encuentren en nuestro país. La situación que atraviesa el país africano ha provocado hasta el momento el desplazamiento de alrededor de 380.000 personas, según estima Acnur, agencia de Naciones Unidas para los refugiados. Al menos 229.000 personas se han visto desplazadas dentro de las fronteras de Malí, mientras que 147.000 han buscado refugio en los países vecinos. Desde que estallara el conflicto hace un año, la mayoría de los refugiados han buscado protección en Mauritania (55.000 personas), Níger (53.000) y Burkina Faso (39.000). En los últimos días, el inicio de los combates y la ofensiva aérea ha intensificado el éxodo de personas refugiadas que, según afirman fuentes de Acnur, escapan de la "reciente intervención militar, la estricta aplicación de la sharia y la falta de medios de subsistencia". Desde Accem, como organización especializada en el trabajo con personas refugiadas y migrantes en España, pedimos al Gobierno que paralice cualquier posible expulsión a ciudadanos de origen maliense que pudieran encontrarse en situación administrativa irregular en nuestro país. Es asimismo imprescindible que la Oficina de Asilo y Refugio disponga los medios necesarios para dar cobertura de forma ágil y eficaz a las solicitudes de asilo de ciudadanos de Malí, así como para garantizar el acceso a los mecanismos de protección internacional de todos aquellos nacionales de Malí que así lo estimen en cualquier punto del territorio del Estado. Finalmente, pedimos que se facilite el acceso a la figura jurídica de la protección subsidiaria a aquellas personas originarias de Malí que no reúnan los requisitos establecidos para el reconocimiento del estatuto de refugiado, pero cuyo retorno a Malí en las circunstancias sobrevenidas llevaría aparejados graves riesgos para su vida e integridad.

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