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Decenas de miles de dependientes morirán esperando la ayuda

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La reforma de la dependencia permitirá que mueran decenas de miles de ancianos de forma tradicional, es decir, atendidos en casa o pagando las residencias por su cuenta, sin tener acceso a un derecho consagrado por una ley que había acercado a España a los niveles de protección social europeos. Miles fallecen ya esperando unos trámites que en algunas comunidades se alargan muy por encima de los seis meses. Y cada vez que el Gobierno limpia las estadísticas, que suele ser una vez al año, han causado baja miles de personas. Pues bien, a partir de ahora, las comunidades podrán extenderse dos años más allá de los seis meses para resolver esos expedientes, sin tener que hacerse cargo de deudas económicas contraídas por el retraso. La mitad (54%) de los beneficiarios de la dependencia son personas mayores de 80 años y un 21% están entre los 65 y los 79. La mortalidad para ellos no es la misma que para el resto de la población a esas mismas edades, porque estos padecen enfermedades o discapacidades. Cumplidos los 80 y teniendo en cuenta el grado de dependencia, la esperanza de vida no alcanza más de tres años, como media, según datos del INE a partir de la encuesta sobre Discapacidad y Estado de Salud. La demora de dos años permitida por ley contará para todos los dependientes que estén en la actualidad incluidos en el sistema, salvo los que ya sean beneficiarios de una ayuda. Hay 260.000 personas con derecho esperando a recibirla desde no se sabe cuánto tiempo, y a esos habría que sumar otros 60.000 que, siguiendo cálculos de meses atrás, entran en el sistema cada dos años (aunque el ritmo de incorporaciones es ahora mortecino). Si el 54% tiene 80 o más años, unos 170.000 tendrán una esperanza de vida muy reducida como para esperar dos años más por una ayuda. La mortalidad para los nonagenarios es, como media, del 6%, pero se eleva si, además, presentan dependencia, normalmente asociada a enfermedades. "Cuando una persona comienza con síntomas de futura dependencia, a mitad de los 70, normalmente, su esperanza de vida es de ocho años, pero ha de alcanzar una gravedad suficiente para que sean declarados dependientes y optar a una ayuda, es decir, cuando ya no pueden valerse por sí mismos para hacer alguna o varias actividades de la vida diaria. Generalmente, este estadio se alcanza cinco años después", explica Dolores Puga, especialista en esperanza de vida y mortalidad del CSIC. Así pues, una vez entrado en el sistema de la dependencia, podrían quedarle unos tres años de vida, siguiendo los cálculos "siempre aproximados" de esta especialista. Si dos de ellos, o más, los pasan esperando a recibir una ayuda, "esta llegará, en el mejor de los casos, al final de su trayectoria de vida", dice. "Deberían entrar al sistema mucho antes, aunque la ayuda sea pequeña, para tenerles monitorizados mientras avanza su enfermedad", explica. Difícil, porque los dependientes de grado más leve han quedado fuera de la ley hasta 2015. Y para entonces se verá. El Gobierno asegura que estos estarán atendidos por los servicios sociales clásicos. Pero eso será solo si hay dinero, porque no es un derecho, como la ley de dependencia o las pensiones. Y el Gobierno ha reducido la partida para servicios sociales básicos que llega a los Ayuntamientos en más de un 40%. Permitir que las comunidades se alarguen hasta dos años para atender a los dependientes no quiere decir que lo hagan. Pero dados los enormes retrasos, de años, que se registran en algunas de ellas y el ahorro que supondría, tampoco es aventurado. Para empezar, esa demora les garantiza dos años de ahorro sin contraer deudas con las familias por los retrasos en los trámites, como ocurría ahora a partir de los seis meses. La deuda por la retroactividad de las ayudas económicas ha engordado una enorme bola en las comunidades. Para su alivio, el decreto publicado el sábado por el Gobierno les concede ocho años para abonarla a plazos. Fuentes gubernamentales creen, sin embargo, que la lista de espera, cronificada en unas 260.000 personas, se aliviará, pero no por los decesos, sino porque las comunidades tendrán más liquidez ahora que las pagas para el cuidador familiar serán más reducidas (un 15% como mínimo). Como la dependencia no cuenta con más dinero, sino con menos -se han recortado casi 500 millones que recibían las comunidades-, solo cabe ese trasvase de recursos de unos beneficiarios a otros. El Gobierno no teme que el abaratamiento de las ayudas económicas provoque su multiplicación, que tanto empeño han puesto en controlar, sino que las comunidades sabrán dedicar los recursos que ya no cobrarán las cuidadoras a pagar servicios profesionales, que además serán bonificados por el Gobierno."De todas las medidas que se han tomado para el descuartizamiento de esta ley esta es la más canalla de todas: es como si a un enfermo de cáncer le dices que tiene que esperar dos años para recibir quimioterapia, probablemente no llegará a recibirla. Además, desde el punto de vista de la gestión, premia a las comunidades con más retraso porque les da carta legal para ello, incluso puede tener un efecto contagio en las demás, dado que está permitido", se queja el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Pero una ayuda a un cuidador familiar no es comparable con lo que cuestan los servicios profesionales. A menos que esos servicios sean de una intensidad muy reducida, por ejemplo escasas horas de ayuda a domicilio. "Eso obligaría al familiar a seguir cuidando el resto de las horas, prácticamente todo el día", dice Ramírez. Descargar abajo BOE

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