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Reclaman diálogo para “desterrar” la posibilidad de la esterilización forzosa a mujeres con discapacidad

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Gobierno y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a través de una carta, como ya se hizo ante el Parlamento, que reconsidere la “errónea” posición del Ejecutivo y que se proceda “de forma inmediata” a abrir un diálogo con el movimiento asociativo de la discapacidad, al que representa el CERMI, para desterrar de nuestro ordenamiento la “espantosa” vulneración de derechos, que es la permisividad de la esterilización forzosa o no consentida a mujeres con discapacidad. El CERMI responde así a Gallardón ante su escrito de contestación a la demanda del Comité con respecto a la violación de los derechos de las personas con discapacidad, permitida por el Código Penal español en su artículo 156, al admitir en nuestro ordenamiento la posibilidad de la esterilización forzosa o no consentida para personas incapacitadas judicialmente. Desde el CERMI se manifiesta el "más intenso estupor" ante el contenido del escrito del Ministerio, al mismo tiempo que se expresa una "honda" decepción y un "enorme" lamento por los argumentos que ofrece Justicia para justificar "algo que es internacionalmente reconocido como una violación de derechos humanos". Según explica el Comité, los tratados internacionales reconocen que todas las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones y, por lo tanto, es "obligación" de los poderes públicos protegerles "sin injerencias indebidas, condenando a quienes pueden obstaculizar su disfrute". "Las mutilaciones genitales o las prácticas esterilizantes no consentidas por la propia persona, sin posibilidad alguna de suplir su voluntad, aunque sea judicialmente, son una aberración inconcebible en el Estado Social de Derecho en el que vivimos", denuncia el CERMI. Además, continúa en su carta, "lo que nuestro Código Penal tipifica como indeseable para todas las personas, algunas instancias, superadas por el tiempo y el avance de la dignidad, lo quieren justificar para aquellas que tengan una discapacidad, al amparo de un interés legítimo, que sólo responde a la ignorancia y desidia en poner los medios para que las personas con discapacidad puedan tener la decisión plena sobre su salud sexual y su capacidad reproductiva y de tener descendencia". Según expone el CERMI, la recomendación que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU formuló a España el pasado mes de septiembre de 2011, "es perfectamente clara en estos términos al considerar incompatible con los derechos humanos la esterilización sin consentimiento expreso de la persona afectada, tenga o no una discapacidad". "No se puede minimizar ni atenuar esta categórica afirmación", advierte. "No cejaremos en este propósito que esperamos se convierta en una causa común en defensa y protección de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad en nuestro país", concluye el CERMI.

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