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Inquietud en Cáritas europeas por la crisis de derechos humanos en Colombia

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El grupo de trabajo por Colombia de Cáritas señala la situación crítica de los derechos humanos en el departamento de Córdoba. Este grupo está formado por representantes de ocho Cáritas europeas –entre ellas Cáritas Española— y por Cáritas Colombiana y recientemente visitó los municipios de Montería y Tierralta. Esta situación se relaciona con la confrontación bélica y la presencia de actores armados ilegales en la región, incluyendo las FARC, las llamadas “Bandas Criminales” y los grupos surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares. Persistencia de desplazamientos masivos Como consecuencia de esto, se siguen produciendo desplazamientos masivos de población, con mayor intensidad en los últimos dos años, así como situaciones de confinamiento en varias poblaciones, sobre todo en áreas rurales de Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y Uré (Subregiones del Alto Sinú y Alto San Jorge). Los miembros del grupo han mostrado su preocupación ante la falta de presencia y atención social de las instituciones del Estado a las víctimas del conflicto armado. En algunas instituciones solo se atiende un día a la semana, mientras las víctimas sufren largas esperas e, incluso, pasan la noche haciendo fila sin la certeza de ser atendidos. Esta situación de violencia ha afectado a grupos vulnerables, como los pueblos indígenas embera y zenú, las comunidades afro-colombianas, líderes campesinos, mujeres y desplazados. Es alarmante, asimismo, la situación de creciente riesgo y amenazas sobre los defensores de derechos humanos. Recomendaciones del Grupo Considerando esta situación, el Grupo de Colombia de Cáritas propone varias recomendaciones: Al Estado colombiano: - Mantener hacia el futuro la voluntad política frente a la solución de la crisis humanitaria, y aumentar la presencia social en la región para garantizar una mejor atención y protección de las víctimas y líderes comunitarios en la región. - Asegurar que la estrategia de seguridad esté orientada en primer lugar a garantizar la vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. - Hacer más efectiva la respuesta a las alertas tempranas e informes de riesgo. A la comunidad internacional: - Acompañar de cerca, con la presencia en el terreno, la situación de crisis humanitaria y derechos humanos en la región con atención especial a las necesidades de las comunidades. - Asegurar que la inversión extranjera en la región fomente el desarrollo local basado en el respeto de los derechos humanos y la consulta previa a las comunidades.

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