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Un año después: Haití sigue temblando

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Un Artículo de Iolanda Fresnillo, investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización, y Berta Iglesias, miembro de la Campaña ¿Quién debe a Quién? para CanalSolidario.org

Ha pasado ya un año desde que la tierra tembló en Haití. Un año después las imágenes que nos llegan desde el pequeño país caribeño son aún de ruina y desesperación. ¿Qué ha pasado en Haití estos últimos 12 meses para que, a pesar de los esfuerzos de muchos, más de un millón de personas sigan sin hogar?

Mientras la comunidad internacional aprovechaba para mejorar su imagen prometiendo ayuda y solidaridad, la sociedad civil haitiana se ha organizado desde el primer momento para hacer frente a las necesidades reales del pueblo, de forma comunitaria y autónoma, invisible a los ojos de los medios convencionales. No lo están teniendo fácil: en los últimos doce meses se han repetido las injerencias en la soberanía del país, tan frecuentes en la historia de Haití.

Quien paga, manda

Tres meses después del terremoto tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York la “Conferencia Internacional de Donantes por un nuevo futuro para Haití”, en la que 150 países e instituciones internacionales se unieron para diseñar la reconstrucción. En dicha reunión, el Gobierno haitiano presentó el Plan de Acción para la Recuperación y el Desarrollo Nacional. El plan se definió e impuso sin consultar en ningún momento a la población haitiana, activa desde el primer momento después del terremoto.

De la Conferencia salió el compromiso del medio centenar de donantes de aceptar dicho plan como hoja de ruta para los casi 10 mil millones de dólares de ayuda prometidos para los próximos 3 años. Y se creó la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), presidida conjuntamente por el primer ministro haitiano y por Bill Clinton. Para otorgar validez a la CIRH, el Parlamento haitiano tuvo que aprobar la Ley de Emergencia, que anula las competencias del Parlamento durante 18 meses y concede poderes extraordinarios al gobierno de Haití y a la CIRH. Esta Ley instauró de facto un estado de excepción en Haití, en el que las garantías individuales, el derecho a la manifestación y otros derechos han sido suspendidos. El pueblo haitiano perdía así un espacio clave para ejercer su soberanía. Hay que recalcar que la CIRH está compuesta por quienes superan los 100 millones de dólares de donación, principalmente EEUU, algunos países de la UE como España o Francia, Brasil, Venezuela, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el FMI. La comisión, que fue creada para facilitar la reconstrucción de Haití, se ha hecho con las riendas del país.

Esta situación ha sido contestada por la sociedad civil haitiana en las calles, con constantes protestas. El creciente descontento con la gestión del Gobierno Préval del proceso de reconstrucción llevó a la comunidad internacional a presionar para convocar elecciones, que se celebraron finalmente el pasado 28 de noviembre, con numerosas denuncias de irregularidades en el proceso de presentación de candidatos, el de votación y el de recuento. Los resultados, altamente cuestionados por la ciudadanía y parte de los candidatos, dejan fuera de la segunda vuelta a uno de los candidatos más populares, el ex-cantante Martelly. Sin embargo, Jude Celestin, yerno del actual presidente Préval y candidato oficialista, y la conservadora Mirlande Manigat continúan en el proceso electoral.

No es oro todo lo que reluce

La respuesta de la comunidad internacional ante el terremoto, tanto en forma de envío de ayuda humanitaria de emergencia como de promesas de ayuda para la reconstrucción, fue inmediata. Pero no todas las promesas hechas en los momentos posteriores al terremoto se han convertido en compromisos firmes ni en desembolsos efectivos. Se calcula que sólo un 10% de las ayudas institucionales para la reconstrucción prometidas para el bienio 2010/2011 han sido desembolsadas (897 millones de dólares de los 5.700 prometidos). El enviado especial de Naciones Unidas para Haití hizo un análisis el pasado noviembre en el que se revelaba que la ratio de desembolso entre los principales donantes estaba alrededor del 42,3% en 2010.

Estas ayudas prometidas no son todas adicionales, es decir, no son nuevas ayudas, sino que incluyen la reconversión como “ayuda a la reconstrucción” de 873 millones que ya habían sido comprometidos antes del terremoto. Además, contabilizan como ayuda el coste del envío de tropas a Haití. Del mismo modo, se contabilizan como fondos para la reconstrucción las cancelaciones de deuda realizadas por instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o algunos gobiernos (el español entre otros). Estas cancelaciones, al igual que buena parte de los créditos que generaron esa deuda, han estado condicionadas a la adopción de medidas como la privatización de empresas públicas y la apertura del país a mercados extranjeros. Esto supone una nueva injerencia en la soberanía haitiana, que profundiza las políticas neoliberales que han llevado el país a la ruina.

La población haitiana denuncia también la inadecuación de estas aportaciones. Las agencias internacionales priorizan los campos de afectados más visibles, provocando inequidad en la distribución de la ayuda. A ello se suma que, aunque el terremoto no afectó directamente a la producción agrícola, campesinas y campesinos se han visto gravemente afectados por el tipo de ayuda alimentaria que los donantes escogieron tras la catástrofe. En lugar de utilizar los recursos internacionales para comprar los alimentos a productores locales, los donantes envían a Haití sus propios excedentes agrícolas, toneladas de alimentos que han hundido los precios de la producción haitiana.

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